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LA CIBERCRIMINALIDAD EN EL PERÚ

Actualizado: 12 nov 2021

Por: Zail Hebert Palomino Huamaní

Miembro del Cajders


La cibercriminalidad llamada también ciberdelincuencia en la última década se ha acentuado de manera gradual en nuestra sociedad esto debido al cambio vertiginoso de las tecnologías de la información y comunicación que ha conllevado a nuevas formas de delinquir por parte de delincuentes con obvios conocimientos de computación e informática, así tenemos, al fraude, hacking, propagación de virus, espionaje, pishing, clonación de tarjetas de crédito, stalking, fraudes bancarios, pornografía infantil, entre otros como auténticos ejemplos en la comisión de delitos informáticos.


En el contexto del Covid-19 la cibercriminalidad no ha menguado su actividad pues ha tenido alcances estadísticos de hasta 2644 delitos registrados en las fiscalías entre enero a julio de 2020 según el boletín estadístico del Ministerio Público siendo los delitos informáticos contra el patrimonio seguido de delitos informáticos contra la fe pública los más usuales además de visualizar un crecimiento porcentual importante en los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, lo que indica acertadamente que existe la tendencia de acrecentar los rangos regulares de años anteriores.


El Perú ha regulado los delitos informáticos desde el año 2000 con la Ley N.º 27309 que posteriormente fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley N.º 30096 “Ley de delitos informáticos” que cubría algunos vacíos normativos y su modificatoria Ley N.º 30171 en 2014; la repercusión del cibercrimen ha exigido contar con un cuerpo policial especializado es así que desde el 2005 existe la DIVINDAT (División de Investigación del Alta Tecnología) encargada de combatir este tipo de delitos; recientemente el Perú el 12 de febrero del 2019 mediante Resolución Legislativa N.º 30913 se adhiere al Convenio sobre la Ciberdelincuencia conocido como “Convenio de Budapest” que trae consigo la adaptación de nuestra legislación a este convenio, asimismo durante la pandemia se ha dispuesto crear la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público con competencia nacional de acuerdo a la Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 1503-2020 que inicio recientemente su funcionamiento el 15 de febrero del año en curso reforzando la idea de combatir frontalmente los actos ilícitos que concurran en sede nacional.


A pesar de los esfuerzos de regular la cibercriminalidad sus alcances y su complejidad aún escapan de la capacidad tecnológica y logística necesaria, la inserción tardía de adoptar mecanismos para afrontar los delitos informáticos ha creado una brecha con otros países latinoamericanos que ya han adoptado las tratativas referente al tema, la falta de capacitación en sectores públicos y privados ha mermado la actuación responsable de contrarrestar la ciberdelincuencia adecuadamente, entre otras dificultades mas. Por eso, es necesario que el estado adopte como política pública la importancia de una estrategia nacional de seguridad cibernética como actuación preventiva y sancionatoria en la sociedad peruana sobre todo en este tiempo de pandemia donde la digitalización ha sido el conducto regular de una normalidad creciente.

 
 
 

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